La nueva Ley de Educación en Chile genera el rechazo de estudiantes y profesores, que exigen un sistema público de calidad. La mayoría de políticos cree que esto representa un avance frente a la anterior, que data de la dictadura militar. La normativa, aprobada el pasado 19 de junio por los diputados tras un acuerdo entre el Gobierno y la oposición, está en trámite. La nueva Ley es fruto de una comisión especial surgida tras la Revolución de los Pingüinos del 2006, cuando los estudiantes secundarios (llamados así por su uniforme) se movilizaron para pedir una reforma educativa, ocuparon colegios y protagonizaron masivas protestas que pusieron en un aprieto al Gobierno.
65 DÓLARESal mes destina el Gobierno por cada estudiante que se forma en los centros estatales.
La presidenta Michelle Bachelet, quien accedió al cargo en marzo de ese año, designó una comisión especial con representación de estudiantes que concluyó en abril del 2007 con la elaboración de un proyecto de Ley General de Educación que se ha debatido en el último año en el Parlamento.Ese texto debe reemplazar a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), impuesta en los ochenta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que según sus detractores consagra el lucro en la educación, permite la selección de alumnos y aumenta la segregación y la desigualdad.Sin embargo, la Revolución de los Pingüinos y los debates legislativos acabaron dos años después con los estudiantes secundarios nuevamente en las calles, tomas de colegios, protestas y paros nacionales durante mayo y junio.La aprobación de la norma en la Cámara de Diputados supuso un jarro de agua fría para estudiantes y profesores, quienes demandan que se refuerce la educación pública y que vuelvan a manos del Estado los centros, actualmente dirigidos por municipios y administradores privados. Estas son las dos principales deficiencias para el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.
65 DÓLARESal mes destina el Gobierno por cada estudiante que se forma en los centros estatales.
La presidenta Michelle Bachelet, quien accedió al cargo en marzo de ese año, designó una comisión especial con representación de estudiantes que concluyó en abril del 2007 con la elaboración de un proyecto de Ley General de Educación que se ha debatido en el último año en el Parlamento.Ese texto debe reemplazar a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), impuesta en los ochenta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que según sus detractores consagra el lucro en la educación, permite la selección de alumnos y aumenta la segregación y la desigualdad.Sin embargo, la Revolución de los Pingüinos y los debates legislativos acabaron dos años después con los estudiantes secundarios nuevamente en las calles, tomas de colegios, protestas y paros nacionales durante mayo y junio.La aprobación de la norma en la Cámara de Diputados supuso un jarro de agua fría para estudiantes y profesores, quienes demandan que se refuerce la educación pública y que vuelvan a manos del Estado los centros, actualmente dirigidos por municipios y administradores privados. Estas son las dos principales deficiencias para el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.
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